A través de un proyecto de comunicación presentado en la Legislatura de Neuquén por el diputado Andrés Blanco del PTS-FIT, se solicitó el tratamiento del expediente en la Cámara de Diputados de la Nación para que declare nula la aprobación de las leyes de reforma laboral y previsional (Leyes N° 27.742 y 27.743). Esta misma iniciativa fue presentada en el Congreso de la Nación por los legisladores del Frente de Izquierda.
Ante el pedido del tratamiento sobre tablas del diputado Blanco en la sesión ordinaria de prórroga de este jueves, la iniciativa no fue acompañada por los bloques del oficialismo, del MPN y del PRO.
El diputado Blanco argumentó que estas leyes, aprobadas en medio de denuncias de corrupción y negociaciones entre los bloques, representan un grave retroceso para los derechos de los trabajadores y las trabajadoras argentinas. «Estas leyes fueron aprobadas gracias a las prácticas corruptas, como el intercambio de favores políticos a cambio de votos», denunció Blanco.
Blanco mencionó que para que estas leyes sean aprobadas “fueron claves los votos tanto de Kueider”, Senador por Entre Ríos, donde había llegado por la boleta del entonces Frente de Todos. Como los votos de la Senadora por Neuquén Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino.
Además, Blanco recordó que «con las prácticas más corruptas de la casta política, y en un salto procedimental para institucionalizar la ’rosca parlamentaria’, a espaldas de las amplias mayorías, la Ley Bases y el Paquete Fiscal se trataron en medio de brutales represiones orientadas a respaldar su votación».
«La represión y la corrupción fueron las herramientas utilizadas por el gobierno y la oposición colaboracionista para imponer estas leyes que representan un retroceso de más de un siglo en materia de derechos laborales y democráticos», enfatizó el diputado.
Corrupción y compra de votos
A nivel nacional Myriam Bregman, referente del PTS, no dudó en calificar esta situación como un «mercado de votos» y señaló que «la expulsión de Kueider confirma que se pagaron coimas para aprobar la Ley Bases. Por lo tanto, la ley es nula. Ningún juez puede aplicarla y el Congreso debe declarar su nulidad inmediatamente. Ninguna complicidad con la corrupción». Por su parte, Nicolás del Caño, diputado del FIT, destacó en el Congreso que «el Congreso parece una góndola, donde se transan y se venden votos». Estas palabras reflejan el clima de indignación que esta situación genera entre los sectores que luchan por una verdadera democracia participativa y sin corrupción.
Desde el PTS-FIT, se insiste en que estas leyes no solo son inmorales por cómo fueron aprobadas, sino también por su contenido profundamente antipopular. Como señaló Blanco, «estas normativas significan un retroceso histórico para los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y deben ser declaradas nulas para frenar el avance de un modelo que solo beneficia a los grandes poderes económicos».
La izquierda no se limita a denunciar en los pasillos legislativos. Desde el PTS-FIT se está impulsando una campaña nacional por la nulidad de estas leyes, con el objetivo de movilizar a los sectores populares y demostrar que la única forma de derrotar estas políticas es a través de la organización y la lucha en las calles.