El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, finalmente continuará en prisión luego de que su defensa presentara un recurso para que recupere la libertad.
Para Carola Bacaluzzo, jueza de Garantías del Poder Judicial de la provincia, el recurso de la defensa resultó improcedente. “El habeas corpus no autoriza a sustituir una decisión de los jueces naturales”, estimó la magistrada.
Y agregó: “Pueden recurrir a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. Se puede instar a que los pasos procesales sean expeditivos. Un procedimiento abreviado”.
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Acusado por los delitos de corrupción, entre ellos enriquecimiento ilícito y peculado, Urribarri fue detenido esta semana y traslado a la Unidad Penal 1, ante el riesgo de «frustrar los fines del proceso».
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Finalmente, la jueza concluyó: “Entiendo que esta urgencia y motivación de las defensas en orden a resguardar el derecho a la libertad, podrá ser canalizado por las vías ordinarias. Considero que no existe un ataque ilegal que torne procedente la acción de habeas corpus. El habeas corpus incoado debe ser rechazado”.
La acusación contra Urribarri
El exgobernador está condenado desde 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por «negociaciones incompatibles» en una sentencia que está apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
«Se encuentran motivos suficientes para anular la resolución impugnada y disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria», sostuvo la decisión de la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos, integrada por las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo.
De esta manera, se revocó una resolución perteneciente al mes de septiembre de 2024 del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, que había rechazado un planteo fiscal para ordenar la prisión preventiva y se dispuso que los dos condenados en el caso, Urribarri y Juan Aguilera, la cumplan hasta que la Corte Suprema analice sus condenas.
Los condenados «vienen realizando acciones concretas y comprobables para no someterse al procedimiento -que aún no ha finalizado- e impedir el cumplimiento de la pena», advirtieron en una resolución de 74 carillas. Los camaristas hicieron lugar a una apelación fiscal y mencionaron «tratados internacionales» que comprometen a la Argentina en la lucha contra la corrupción y le impone el «deber de investigar, juzgar y castigar» estos delitos con «una mayor intensidad».
«El análisis de la necesidad de la prisión preventiva debe conciliarse con la gravedad del hecho que se investiga, y con la obligación internacionalmente asumida por el Estado argentino de prevenir, investigar, sancionar y reparar los delitos de corrupción», consignó la resolución.
En el caso puntual, la pena efectiva no es una expectativa, porque ya fue impuesta y confirmada: Aguilera recibió una pena de seis años y seis meses de prisión y Urribarri de ocho, además de quedar inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.
El ex gobernador sólo estuvo presente en su declaración de imputado y luego participó de las audiencias de manera remota, sin que se haya podido comprobar fehacientemente dónde se encontraba.
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Además, «se ha podido comprobar» que la audiencia de prisión preventiva, no se pudo concretar por las innumerables maniobras dilatorias de la defensa durante más de cuatro meses. Dichas maniobras, se llevaron a cabo durante toda la tramitación del proceso. Tal como puede comprobarse con la demora que hubo para poder llegar a realizarse las audiencias de juicio y de casación, cuya fijación se dificultó por la presentación de recusaciones por causales inexistentes y recursos que no están previstos en el CPPER.
«También forma parte del comportamiento posterior de Urribarri la persistente negación de la condena, al punto de realizar denuncias insólitas en extrañas jurisdicciones tachando de «mesa judicial» a los magistrados que intervinieron en las causas», advirtió el fallo.
Gi