El Gobierno emprendió este miércoles una iniciativa para depurar y reformar la Policía Nacional (PNP) tras el feminicidio de Sheyla Cóndor, un caso que ha generado una profunda indignación pública y ha evidenciado las fallas estructurales y de control dentro de la fuerza policial.
Durante una reciente sesión en la Comisión de Salud del Congreso, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, destacó la necesidad urgente de modernizar las normativas que rigen a la PNP a raíz de este crimen machista, atribuido a un agente policial que se quitó la vida.
“El Congreso de la República tiene en este momento en sus manos la posibilidad o el instrumento para que la gestión del Ministerio del Interior pueda limpiar la PNP. (…) Entiendo que en este momento se está preparando el proyecto de ley de modernización de la PNP que habilita al sector Interior a pasar a la situación de retiro al personal policial que no puede ser retirado en circunstancias normales, como una medida disciplinaria o una renovación extraordinaria”, dijo.
Santiváñez advirtió que actualmente existen limitaciones para efectuar la medida. “La ley es muy benigna. Nosotros tenemos procesos disciplinarios que duran años y que tienen principios sumamente garantistas”, agregó al mencionar que estos principios obligan, por ejemplo, a reincorporar a un efectivo policial que ha estado recluido una vez que obtiene su libertad, o a mantener en funciones a un denunciado por violación mientras no exista sentencia, como el caso del agente Darwin Condori, señalado feminicida de Sheyla.
“El debido proceso dentro del régimen disciplinario de la PNP es absolutamente excesivo, con primera y segunda instancia que pueden durar años”, añadió. Por ello, instó al Parlamento a evaluar y discutir la norma que otorgaría a su cartera facultades extraordinarias para revisar los legajos del personal policial y anticipar situaciones irregulares.
“En este momento, el Ministerio del Interior no tiene facultades para dictar normas. La gestión que me precedió no las solicitó al Congreso de la República, por eso el sector Interior no tiene facultades para propuestas legislativas”, precisó.
El feminicidio de Sheyla Cóndor ha provocado repudio en un país que registra 118 casos entre enero y agosto de este año. La joven desapareció el 13 de noviembre tras asistir al entierro de un familiar. Aunque su familia intentó denunciar su desaparición de inmediato, las comisarías de Comas y Santa Anita no aceptaron la denuncia.
Cuatro días después, su cuerpo fue hallado en una maleta dentro del dormitorio de un departamento propiedad del policía. Mensajes de WhatsApp, a los que accedió la familia desde la computadora portátil de Sheyla, revelaron que ambos se conocieron por internet y mantuvieron conversaciones, la última el día del crimen, cuando él la invitó a conocer a su mascota.
La ministra de la Mujer, Teresa Hernández, señaló que “la Policía forma parte de una sociedad que tolera la violencia” y destacó que el 58% de la población justifica la violencia machista. Por su parte, la exministra Gloria Montenegro criticó a la PNP, al afirmar que “está contaminada y es una institución machista y misógina, y más en zonas rurales y andinas”.
Previamente, el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, admitió la “ineficacia” de su institución y destacó la necesidad urgente de reformas normativas para separar a agentes implicados en delitos. “No es posible que miles de efectivos policiales, que diariamente se enfrentan con la delincuencia, incluso pudiendo ofrendar sus vidas, vean su labor empañada por otros que enlutan el uniforme. Por ello, es necesario separar la paja del trigo”, resaltó.
El jefe policial insistió en que se requiere “una norma excepcional donde estas personas con antecedentes e investigaciones delictivas y criminales sean separadas”, para evitar su permanencia en la institución debido a lo que calificó como “la lentitud procesal de los operadores de justicia y, en algunas formas, la ineficacia de nuestro sistema disciplinario y policial”.