A partir del convenio que se firmó con la Nación en la provincia se apunta a reactivar obras de vivienda. Y si bien el escenario económico es complejo para la construcción, el objetivo es finalizar 1.000 casas que están en curso, en barrios de distintos puntos de la provincia.
“Es importante reiniciar las obras”, destacó la interventora del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Nora Belloni, en una entrevista.
La funcionaria, que había sido designada en el cargo por el gobernador Osvaldo Jaldo durante su interinato, en 2022, participó este viernes de la 101° Asamblea del Consejo Nacional de la Vivienda, en Salta. Allí, sus pares de 16 provincias tuvieron la oportunidad de plantear inquietudes ante las autoridades y técnicos de la Nación, encabezados por el subsecretario de Hábitat y Vivienda, Santiago Sánchez Sorondo. “Hubo una muy buena disposición para aclarar todas las dudas y nos contaron cuál es el panorama”, detalló la arquitecta.
Belloni remarcó que Tucumán fue el primer distrito en firmar un acta acuerdo por viviendas con el gobierno de Javier Milei (luego se sumaron otras provincias), y detalló que el modelo aplicado por la Nación implica un “cofinanciamiento” para los trabajos en curso, con un 25% de recursos federales y un 75% de las arcas locales. Este convenio permitirá hacer frente a distintos escenarios, profundizó la funcionaria, como la deuda que tiene Nación con la Provincia producto “de certificados que no se pagan desde octubre del año pasado”.
Rúbrica de adendas
Ahora, los trámites administrativos están centrados en la rúbrica de las adendas referidas a cada convenio de obra. “En este momento tenemos seis documentaciones completas, que ya han sido elevadas para que en Nación las vayan evaluando; si las aprueban, nosotros enviamos toda la documentación ya firmada, para que ellos procedan a llenar las adendas de convenio. Con esas adendas de convenio, nosotros estaríamos en condiciones de reiniciar las obras”, aseveró.
Los proyectos incluyen inmuebles en Los Bulacio y Los Villagra (76), Burruyacu (80), Río Seco (132), San Miguel de Tucumán (135), La Cocha (35). El expediente que más rápido avance podría tener, adelantó Belloni, sería el de Manantial Sur (restan 120 de las más de 2.500 viviendas), dado que sólo requiere de algunas correcciones menores.
La interventora del IPV detalló que, con los recursos del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), la repartición podrá “retomar obras que están inconclusas”. Y remarcó que será importante la asistencia de fondos provinciales. “Los montos de estos barrios son millonarios”, recordó.
Según Belloni, hay unas 650 viviendas que cuentan con un avance de “entre el 40% y el 45%”. Y otras 400 que se han iniciado sin anticipo de fondos a empresas, con la idea de asegurar continuidad. “Estamos hablando de más de 1.000 viviendas, es mucha la inversión que hay que hacer, tanto en vivienda como en infraestructura”, expresó.
La obra pública en caída
El escenario es complejo en la obra pública. Según la Uocra, se debe apuntar a recuperar unas 5.000 fuentes de empleo que genera el sector en Tucumán; además, hay empresas que reclaman deudas originadas desde el último trimestre de 2023. En este contexto, una de las acciones que pudo llevar adelante el IPV fue el Programa de Provisión de Materiales (Promat), un acuerdo que posibilita la entrega de materiales por parte de la repartición, mientras que municipios y comunas aportan la mano de obra. Las beneficiarias son localidades del interior provincial, explicó Belloni. Y detalló que en muchos casos se trata de ciudadanos que, por su vulnerabilidad, no logran reunir los requisitos mínimos para inscribirse en el registro de interesados a participar de los sorteos del IPV. “Entregamos 147 viviendas en la primera etapa; y en la segunda etapa, que ya están en ejecución, son 162 viviendas”, indicó.
Al acordar el reinicio de la obra pública, la Nación puso el foco en finalizar lo que está en curso, remarcó Belloni, por lo está prevista la apertura de financiamiento para proyectos nuevos. “Cada provincia sí puede usar su Fonavi, ya sea en obras de infraestructura o de viviendas; por los montos, nunca van a ser barrios importantes, pero sí se puede dar una continuidad de algunas obras que encare el Instituto por cuenta propia, obviamente”, expresó.
La titular del IPV planteó que la meta es terminar las 1.000 casas en ejecución, por lo que la documentación ya está en marcha. “Tenemos que apuntar a eso; además, no podemos dejar esas viviendas paralizadas. Las empresas tampoco quieren responsabilizarse por el cuidado. Y la vandalización está ocurriendo, lamentablemente, aunque tenemos muchísima colaboración del Ministerio de Seguridad”, dijo la funcionaria.