Desde el asesinato de Bruno Bussanich el sábado 9 de marzo, el último de la saga de cuatro crímenes que paralizaron y conmocionaron Rosario, que el gobierno catalogó como una estrategia “terrorista”, no volvió hasta ayer a correr sangre en la ciudad. El lunes y martes pasado ocurrió algo que llamó la atención a los funcionarios. No ingresó en ninguna guardia de los hospitales un solo herido de bala, algo atípico. Por ejemplo, en febrero del año pasado se contabilizaron 98 personas lesionadas con balas. Hasta el sábado 23 de marzo se cometieron 31 homicidios. En ese mismo lapso en 2023 se produjeron 80 homicidios.
Rosario atraviesa un escenario novedoso y particular. Una instancia que no tiene antecedentes. El problema no es la cantidad de casos de violencia, como sucedió a lo largo de la última década, sino el tipo de acción que llevan adelante los grupos criminales, que el gobierno, tanto provincial como nacional, coinciden en encuadrar como actos terroristas. Y está ahí puesta la preocupación del gobierno porque se observaron movimientos que abren como hipótesis que hubo acciones coordinadas entre miembros de las dos principales bandas rivales, como la de Los Monos, y la que comanda Esteban Alvarado, ambos presos en prisiones federales, como Marcos Paz y Ezeiza, respectivamente.
Este nuevo capítulo genera no solo preocupación, sino también cierto desconcierto sobre dónde pueden golpear la próxima vez. Porque el objetivo que quedó de manifiesto la primera semana de marzo es que se buscó causar conmoción. “Pensaron que esta situación iba a arrinconar al gobierno y ocurrió lo contrario. La respuesta tanto de la Nación como de la provincia fue que con las mafias no se pacta, sino que se las combate”, señaló una alta fuente del gobierno de Santa Fe.
De a poco, Rosario volvió a su ritmo normal, después del impacto que provocaron los cuatro asesinatos, aunque durante la noche la ciudad sigue apagada. Después del mediodía empiezan a dar vueltas los dos helicópteros AB-206 del Ejército. Vuelan a la par. Y causan el efecto buscado de que los vecinos miren hacia el cielo. La sensación es la de una ciudad en guerra.
En el terreno hay unos 1400 efectivos de fuerzas federales que tienen tres zonas asignadas de las ocho para controlar, explica una fuente del comando conjunto. Durante esta semana llegó a haber 180 patrulleros de la policía en la calle, a pesar de las limitaciones en la logística.
Hasta principios de marzo, los gendarmes tenían dos zonas, el sur y el oeste, y ahora sumaron una más, que es una de las más difíciles, como barrio Triángulo Moderno, Villa Banana y Vía Honda. En este último lugar, uno de los territorios más pobres de la ciudad, Máximo Cantero, conocido como El Viejo, líder histórico de Los Monos, tenía un comedor comunitario donde repartía unas 300 raciones de comida diaria.
Por primera vez desde 2014, cuando enviaron por primera vez gendarmes a Rosario, las fuerzas federales tienen acceso a un espejo del 911, que maneja la policía de Santa Fe. Aunque parezca ilógico, nunca antes ocurrió. Ahora los efectivos federales conocen en tiempo real las “incidencias” y pueden llegar a un lugar donde se produjo una situación violenta de manera más rápida o colaborar con la policía. La consigna que se delineó en el comité de crisis que encabezan Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro es evitar la circulación de la violencia.
Una vez a la semana se realiza una reunión de “planificación operativa”, que es conducida por el secretario de Seguridad de Santa Fe, el excomandante de gendarmería, Omar Pereyra, y Federico Angelini, subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad.
Pereyra afirmó, en diálogo con LA NACION, que lo que se observan en los operativos es que “no hay enfrentamientos en los territorios contra los efectivos provinciales ni tampoco con la policía”. “Se ve que cuando se monta un operativo de saturación huyen en motos. Arrojan armas y droga y tratan de escapar”, señaló.
A la par de la reunión de planificación semanal se realizan dos mesas semanales de análisis e inteligencia, donde cada fuerza vuelca información que maneja de grupos criminales y zonas. Con esos datos se rediseñan los operativos, pero cada fuerza investiga cada una por su lado. Desde ambos sectores admitieron que al principio había prejuicios que se fueron venciendo en base a una desconfianza mutua que viene de años.
Angelini señaló en diálogo con LA NACION que las fuerzas federales lograron esta semana desmantelar decenas de puntos de microtráfico, que generan problemas en los territorios por la violencia que gira en torno a los llamados búnkeres. En una de esas intervenciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) incautó 1,5 kilos de cocaína que estaba destinada a la venta.
Por otro lado, en el Ministerio de Seguridad advirtieron que se ataca al siguiente eslabón del narcomenudeo, que es la distribución y abastecimiento. El jueves agentes de Gendarmería que realizaban un operativo de seguridad vial sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad santafesina de Totoras, detuvieron a un hombre de nacionalidad boliviana con 21 kilos de cocaína que iban hacia Rosario.
El viernes a la noche efectivos de la Policía Federal detuvieron en plena calle, en Montevideo al 6800, a Alan Tripi, un narco que hacía cinco años que estaba prófugo, y pertenecía a un clan familiar que domina el Fonavi del parque del oeste, donde hace tres semanas se produjo el asesinato de Leo Tripi, hermano del detenido.
Lo que no se cortó es el flujo de amenazas que se expanden por la ciudad. Algunas son fruto del aprovechamiento de la situación y otras reales, como la que ocurrió el miércoles, cuando desde una moto arrojaron una mochila, cerca de donde mataron a los dos taxistas, que tenía en su interior un cargador de pistola 9 milímetros y ocho municiones, un cargador de fusil FAL y 8 balas 7,62 x 51 milímetros, un portachaleco y una gorra, ambas con inscripciones de la Policía de Santa Fe. Además de una granada española de gas –que fue entregada a la Brigada de Explosivos-, y un papel con una amenaza contra Pullaro y el presidente Javier Milei.
La sospecha es que estas amenazas son efecto de los mayores controles y restricciones que se aplicaron en las cárceles de Santa Fe, sobre todo en el penal de Piñero, donde están alojados en los pabellones de alto perfil cuadros medios de Los Monos, Alvarado y de la banda que dirige el expiloto peruano Julio Rodríguez Granthon. “En las cárceles no nos corrimos ni un milímetro. La tensión sigue intacta y cada vez se genera más control”, afirmó una alta fuente del gobierno de Santa Fe.
El gobierno santafesino recibió como un espaldarazo de la justicia, luego de que el juez Rafael Coria rechazara los planteos realizados por el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) de Santa Fe, donde denunciaron delitos de torturas, vejaciones y hurto agravado contra internos de la cárcel de Piñero y de Pérez.
En la denuncia se señaló que en Piñero el 2 de marzo pasado, tras el ataque a dos micros del Servicio Penitenciario, se produjo un cierre de todos los pabellones del penal y se agravó “en forma ilegítima”, de acuerdo a ese planteo, las condiciones de detención de los presos, especialmente de los de altos perfil. Este cuestionamiento no solo fue por la foto que se exhibió en los medios, con los internos arrodillados y semidesnudos, al estilo Nayib Bukele -presidente de El Salvador-, sino por supuestos tormentos que sufrieron los detenidos. Pero la justicia decidió que la denuncia no prosperara.