domingo, 16 junio, 2024
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El Gobierno limitó el adelanto de fondos y varios entes públicos demoran el pago de sueldos

Después de sacrificar el paquete fiscal de la ley ómnibus, el Gobierno cumplió su palabra y dispuso un nuevo ajuste sobre el sector público al restringir el adelanto de fondos para el pago de haberes. La medida había sido anticipada la semana pasada, pero empezó a impactar este lunes con la postergación del pago de sueldos de más de 20.000 empleados de organismos públicos.

«A partir de una circular del Banco Central de la República Argentina dispuestas por las autoridades nacionales, el Banco de la Nación Argentina informó a nuestra Universidad que no podrá adelantar, desde este mes y hasta nuevo aviso, el pago de haberes, tal como está dispuesto en el convenio entre nuestra institución y la entidad bancaria», informó la Universidad Nacional de Rosario.

En ese marco, la casa de estudios señaló que «el pago de haberes para agentes que perciben los mismos por Banco Nación se efectuará en el momento en que la Tesorería de la Nación concrete la transferencia». De esa manera, unos 11.000 docentes y trabajadores no docentes que cobraban sus salarios entre el 3 y 5 de cada mes deberán esperar hasta nuevo aviso.

El Banco Nación adoptó esa medida en respuesta a la decisión del gobierno de restringir el cupo de adelantos transitorios para financiar el pago de haberes del sector público no financiero. Se trata de una norma del Banco Central dispuesta en octubre de 2019 durante la gestión de Mauricio Macri y que se renovó año a año, pero ahora las autoridades decidieron no prorrogarla.

El Ejecutivo tomó la decisión la semana pasada cuando la ley ómnibus empezó a empantanarse. En una comunicación inusual, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Banco Central no iba a extender la autorización (que vence este miércoles) para que las provincias se endeuden con bancos provinciales para afrontar necesidades urgentes, en referencia a la comunicación A7674.

En realidad, la normativa del BCRA no solo alcanza a los bancos provinciales que contaban con ese margen crediticio para pagar haberes del sector público no financiero, sino que condiciona a todas las entidades financieras, incluido el Banco Nación. «No solo afecta a universidades, sino a ministerios y otros organismos», confirmaron fuentes oficiales.

Una de las reparticiones afectadas es el Hospital Posadas, con 5.000 empleados. Las autoridades informaron que «debido a una nueva disposición del Banco de la Nación Argentina que excede al área administrativa del hospital, los sueldos correspondientes al mes de enero de 2024 se harán efectivos en las cuentas sueldos del personal del 1° al 5° de febrero de 2024».

Según pudo saber Clarín, la medida también alcanza a 7.000 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), así como al personal de la Universidad Nacional de Arte (UNA), la Universidad de San Juan (UNSJ) y la de San Luis (UNSL). La institución puntana estimó que los sueldos serán abonados «dentro de los primeros diez (10) días del mes».

La decisión oficial cayó como una bomba en las provincias, en donde el sector estatal depende del adelanto de fondos de bancos provinciales o el Banco Nación para el pago de haberes. En algunos distritos como Catamarca, ya empezaron a acusar recibo del cierre de la canilla desde Nación, lo que refleja la intención del Ejecutivo de compartir el costo del ajuste con las provincias.

Hasta ahora, el Gobierno venía ajustando partidas en la administración nacional. Después de dar de baja 7.000 contratos y recortar horas extras, jefatura de Gabinete intimó la semana pasada a todos los ministerios a reducir cargos intermedios. Pero las dificultades para conseguir el apoyo de los gobernadores al plan de shock llevó al Ejecutivo a endurecer las medidas.

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el viernes la eliminación del capítulo fiscal de la ley ómnibus y la puesta en marcha de «un mayor ajuste para la política, la Nación y las provincias», con el recorte inmediato de transferencias discrecionales destinadas a programas nacionales, subsidios y obra pública. Todo, para alcanzar el «déficit financiero cero».

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