Vale una aclaración para comenzar esta nota. El nombre del acusado no se publica por un motivo simple: publicarlo equivale a exponer a sus víctimas. Lo que sigue es uno de los casos de abuso sexual de menores más denigrantes de la historia reciente.
Esta semana, el Departamento Inteligencia Contra El Crimen Organizado de la PFA capturó en Moreno a un hombre de 42 años, gasista de oficio, luego de semanas de rastrearlo tras recibir el caso a mediados de este año, un pedido del Registro Único de Capturas del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez a cargo de Walter Velázquez bajo el fiscal general Lucas Oyhanarte y la jueza María Celina Ardohaín. Los detectives chequearon registros de empresas de Internet, de teléfono, bancos y tarjetas de crédito. Así, lo encontraron y se lo llevaron detenido, con una celda que lo esperaba en la Comisaría 7° de la jurisdicción.
El acusado había pasado siete años a la fuga. Los delitos: abusar durante años de su hijastra y de su propia hija. Las imputaciones son casi un párrafo entero: abuso sexual doblemente agravado por configurar un padecimiento gravemente ultrajante, por ser cometido por encargado de la guarda y por la situación de convivencia preexistente. En el caso de su hija, se agrava por el vínculo. Ambos casos se conocieron en 2017, cuando las víctimas le relataron los hechos a uno de sus hermanos, que le contó a su madre. La mujer formuló la denuncia poco después. El hombre escapó de la casa familiar.
En todo caso, el acusado no se fue demasiado lejos. Lo capturaron a 13 kilómetros de donde cometió sus presuntos abusos. Tampoco se cayó del sistema. Al ser capturado, según pudo constatar Infobae de registros comerciales, tenía una deuda de tarjeta de crédito con un reconocido banco. Cobró la Asignación Universal por Hijo, al menos, en 2019.
En el caso de su hijastra, hija de su pareja, comenzó a atacarla cuando apenas tenía 8 años. La desnudaba, luego cubría su rostro. “Estos hechos eran cometidos en cualquier momento del día, cada vez que tenía oportunidad”, dice la imputación. Continuó los ataques hasta que la chica cumplió los 16 años, cuando le contó a su hermano lo que sufría.
A su hija biológica la atacó entre 2011 y 2017, “en el interior del dormitorio matrimonial, cuando éste llamaba a viva voz a su hija, encontrándose desnudo”. “La mantenía quieta, sosteniéndola fuertemente de los pies a fin de lograr satisfacer su libido perversa y obteniendo el silencio de la niña bajo la amenaza de que si contaba lo que sucedía la golpearía, teniendo ella conocimiento de la agresividad de su padre”, continúa el documento. Otra vez, fue el hermano de la menor quien expuso al abusador.
Así, el acusado escapó para no volver, un prófugo de tantos.
La madre de ambas víctimas presentó la denuncia en una comisaría de la zona. “Me bajó la calza y me arrimó su coco”, relató la hija del imputado. El expediente se robusteció con declaraciones en cámara Gesell. El hermano incluso declaró cómo una vez sorprendió a su padrastro abusando de una de las víctimas. “Fue golpeado y amenazado por el imputado para que no contara nada”, reflejó el reporte posterior.
El mismo análisis también concluyó que “los relatos de los menores cumplen con criterios de validez, sin indicadores de fabulación, mentiras, ni discurso influenciado por terceros. Presentan indicadores de abuso sexual intrafamiliar”.
Fuente Infobae