Con la amenaza latente de judicializar la discrecionalidad en el reparto de fondos provinciales a los municipios tucumanos, el gobernador electo Osvaldo Jaldo decidió tomar una decisión definitiva: este martes anunció la eliminación del Pacto Social. Lo hará a partir de su asunción, el próximo 29 de octubre, según lo confirmó durante una entrevista televisiva a La Gaceta.
La determinación del actual vicegobernador se da en medio del reclamo de los tres intendentes de Juntos por el Cambio (JxC) en la provincia: Mariano Campero (Yerba Buena), Sebastián Salazar (Bella Vista) y Alejandro Molinuevo (Concepción). Los tres denunciaron no haber recibido recursos de parte del Poder Ejecutivo, a diferencia de los municipios administrados por el peronismo. Por esta razón, elevaron pedidos de informe al primer mandatario provincial, Juan Manzur, y preparaban sendas presentaciones judiciales para presentar ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, primero, Corte Suprema de Justicia de la Provincia, en caso de no prosperar y, en paralelo, para iniciar acciones legales desde la Justicia Federal. Esto último, ya que los dineros que los alcaldes denuncian no haber recibido provienen de fondos coparticipables repartidos por el gobierno nacional a las provincias.
De esta forma, Osvaldo Jaldo esquiva los tribunales en cualquiera de sus fueros y se quita el problema de encima con una decisión que afectará no sólo a los municipios opositores, sino también a los afines. Les suelta la mano y los alienta a administrar sus propios recursos. A jurisdicciones que, en muchos casos, acudieron más de una vez al Poder Ejecutivo provincial ante su imposibilidad de cumplir con sus plantillas salariales y otros gastos.
“Si este gobernador va a tener que administrar los recursos de la provincia, porque la situación viene complicada económica y financieramente, pregunto yo: ¿por qué no van a tener que administrar los intendentes? Se van a tener que manejar con los ingresos propios que por ley le corresponden”, anunció Jaldo. Y agregó: “A partir de que me haga cargo, como gobernador electo por 620.000 votos en Tucumán, voy a eliminar al Pacto Social. Cada municipio se va a tener que manejar con los recursos que por ley le corresponden”.
Al mismo tiempo que el anuncio, el gobernador electo adelantó un agravamiento de la situación económica a partir de octubre, casi noviembre, por lo que pidió a los futuros jefes municipales responsabilidad a la hora de administrar los recursos propios.
“Nadie puede gastar más de lo que ingresa porque vamos a terminar con un endeudamiento o con un incumplimiento. En el Estado público, sea comunal, municipal o provincial, es grave porque afectás coparticipación, pero peor es cuando entrás en incumplimiento porque dejás de pagar sueldos y perdés la paz social. Acá vamos a tener responsabilidad los 19 intendentes más este gobernador. El Pacto Social dio sus resultados, ayudó mucho a mantener la paz social y ha cumplido el objetivo para el cual ha sido creado. Pero se vienen momentos de cambio y creo que tenemos que evolucionar y asumir responsabilidad quienes hemos sido electos por la voluntad popular. Los municipios tienen que tener autonomía financiera, autarquía. Este gobernador va a acompañar, pero de una vez por todas tenemos que sincerar los recursos y la asignación de recursos en Tucumán. Esto es lo más transparente, lo más contundente y esto nos manda a hacer la ley y la Constitución”, sentenció.
Refinanciación de las deudas municipales
En simultáneo al reclamo de los intendentes de JxC al gobierno provincial por el reparto discrecional de los fondos, desde el poder Ejecutivo contraatacaron con la supuesta existencia de una deuda de cerca de $6.000 millones de los municipios opositores con la Provincia.
En este sentido, el propio Jaldo adelantó que se verá la manera de que las deudas se paguen sin afectar las economías de ninguna de las administraciones, una suerte de refinanciación. “A partir del 29 de octubre todos vamos a tener la misma responsabilidad de administrar los recursos que por ley nos corresponden. A la deuda vamos a tener que darle un tratamiento, seguramente similar al de San Miguel de Tucumán”, explicó.
Qué es y cómo funciona el Pacto Social en Tucumán
Se trata de un sistema de asistencia económica que nació en el 2000. En sus comienzos, fue la solución del Gobierno provincial a las grandes demoras de los distintos municipios para completar el pago de los sueldos a sus empleados. Todo esto, claro, a cambio de coparticipar los fondos recaudados por cada jurisdicción.
Fue el exgobernador José Alperovich el creador del sistema, cuando se desempeñaba como ministro de Economía del difunto mandatario, Julio Miranda. Fue a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 37/3, medida que se ratificaba año a año en la Legislatura.
A medida que fue pasando el tiempo, el Pacto Social sufrió severas modificaciones en su sistema de reparto. Lo que en un principio se estableció por ley, para garantizar una distribución equitativa de los recursos, se convirtió en un “acuerdo hablado” entre los intendentes con el gobernador. Y es así cómo surge la discrecionalidad en el reparto, beneficiando a jefes municipales afines al poder de turno por sobre quienes blandes banderas de un color opuesto.A partir de 2015, el Pacto Social se convirtió en la Ley 8829. La misma faculta al Poder Ejecutivo a distribuir fondos reintegrables y también no reintegrables a los municipios, dependiendo el destino de los dineros solicitados por cada jefe municipal. Son reintegrables los fondos comprometidos mediante la firma de convenios de préstamos. Por el contrario, son no reintegrables los recursos requeridos para la atención de obligaciones salariales, realización de obras públicas, prestación de servicios y desarrollo de actividades culturales deportivas y sociales.