«Argentina no acepta reunirse para redactar el fallo del juicio por la expropiación de YPF», señaló hoy Sebastián Maril, de Latam Advisors que sigue la demanda contra el Estado argentino que, por su monto, es el mayor en la historia de EE.UU.
La jueza Loretta Preska que lleva el caso dictamina que el país debe pagar US$ 16.000 millones pero de acuerdo a los procedimientos de la justicia de EE.UU. Argentina por un lado y el beneficiario, Burford Capital por otro, deben ayudar a redactar el fallo definitivo.
Argentina se rehúsa y es probable que la jueza deje así firme la sentencia que irá sumando cifras por intereses. Maril calculó que son US$ 16.097 millones esta semana y US$ 16.110 millones, la próxima. Ese cálculo se basa en la tasa de interés post fallo que es variable y se ajusta semanalmente. Maril indicó que esta semana sería de 5,4%.
El juicio se sigue contra el país en los tribunales de Nueva York por la expropiación de YPF. «La decisión de la Argentina no participar de la redacción del fallo agiliza su publicación, podría salir hoy si Preska quisiera”, explicó Maril.
La Argentina apelará el fallo en octubre y solo reconoce daños por US$ 5.000 millones. El fallo se conoció tras ocho años de litigio y un juicio de tres días realizado en julio.
“El gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska. El presidente Alberto Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres”, sostuvo la portavoz Gabriela Cerruti.
Por cierto, el monto exacto del juicio podría conocerse el próximo 22 de octubre, en plenas elecciones presidenciales. Argentina, además de apelar, también podría pedir la suspensión del caso hasta el 10 de diciembre.
En 2012, Cristina Kirchner y su ministro Axel Kicillof decidieron expropiar el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la española Repsol, a la que le pagó recién en 2014. La familia Eskenazi que ingresó a la petrolera sin poner un peso medidas legales contra el país porque se vio perjudicada tras la expropiación y luego vendió su derecho a litigar al fondo Burford.
En el litigio de YPF, la justicia estadounidense ya había determinado que la Argentina debía pagar a los accionistas minoritarios por incumplir el estatuto y no haber hecho una oferta pública de acciones cuando estatizó el 51% de la petrolera por decisión de Cristina Kirchner en 2012. La novedad del fallo es que Burford deberá ser resarcido con US$ 8.400 millones por daños y US$ 7.600 millones de intereses.
El caso de YPF se ganó el sexto puesto entre los juicios más costosos en EE.UU, incluyendo las demandas contra empresas e individuos. Al tope de ese ranking, se encuentra el acuerdo por US$ 206.000 millones en el litigio contra la industria del tabaco en 1998, cuando 10.000 demandantes acusaron a las compañías de engañarlos sobre los riesgos de fumar.
El fondo con sede en Londres -junto con Eton- posee los derechos para litigar en nombre de los accionistas que tuvieron la propiedad de un 29% de YPF. Prezka consideró que la expropiación de Repsol implicó un control indirecto sobre los propietarios minoritarios, pero además estimó el inicio de la nacionalización el 16 de abril de 2012 y una tasa de interés del 8%, lo que agravó los costos de la sentencia.
Con esos fundamentos, que fueron los que planteó Burford, se definió el monto extraordinario del daño y no los US$ 5.000 millones que estimaba el gobierno. El gobierno de Cristina Kirchner ya había pagado US$ 5.000 millones a Repsol en 2014. Y ahora, además de la sentencia, hay que sumar un 9% anual de intereses – US$ 1.500 millones por año- hasta que se negocie un acuerdo.